El Consejo de Ministros ha aprobado el
pasado mes de diciembre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los
Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, norma que suprime el derecho
al aborto tal y como estaba concebido en la ley de plazos aprobada en 2010 por
el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y retrocede 30 años en
el tiempo. Esta ley además de echarnos atrás en el tiempo nos hace
distanciarnos de Europa, donde se tachan las medidas de este Gobierno popular
como propias de la derecha ultra conservadora.
Esta ley no impide a las mujeres abortar pero si restringe el proceso
para poder hacerlo. La ley solo permite el aborto en caso de que afecte
psicológicamente a la madre, que deberá ser certificado por dos médicos
diferentes que no trabajen en la clínica en la que se vaya a practicar el
aborto. La malformación fetal (incluso cuando esta sea incompatible con la
vida) no será motivo para abortar, es decir, aunque el bebé padezca una
enfermedad degenerativa, cualquier tipo de discapacidad o se muera apenas
nazca, la madre está obligada a tenerlo. Simultáneamente retiran toda serie de
ayudas para personas dependientes, condenándoles a vivir en la miseria.
Esta nueva ley,
apoyada por los más conservadores y la Iglesia Católica no permite a la mujer
ejercer su libertad sobre su vida ni su cuerpo. Por otra parte, el aborto será un
delito sin castigo para la mujer, ya que según Gallardón la mujer es una víctima.
Una postura completamente machista y paternalista que nos sitúa a las mujeres como entes
incapaces de pensar y decidir por nosotras mismas e inconscientes con la enorme
decisión que estamos tomando, cosa que no entiendo ya que estoy segura de que
las mujeres que abortan no lo hacen por gusto y placer, argumento utilizado por
los pro-vida (antiabortistas). Otro de sus argumentos es que abogan por el derecho
del no nacido, cuando simultáneamente el partido al que apoyan niega la sanidad
púbica a los extranjeros; entonces, ¿derecho a la vida para quién? ¿por qué a
los fetos si y a las personas no?
La ley de 2010
respeta a las mujeres en su libre decisión de ser madres de acuerdo a como se
establece en la Constitución Española. Y, sobre todo, no distingue entre pobres
y ricas ya que el aborto es gratuito y esto permite que las mujeres que no
tengan los recursos económicos suficientes puedan abortar, mientras que la
nueva ley solo provocará que estas mujeres se vean obligadas a hacerlo en
peores condiciones, poniendo en peligro su salud e incluso su vida.
No entiendo
porqué se ha de cambiar la ley actual ya que en tres años el número de abortos
no se ha incrementado ni ha habido complicaciones o denuncias ya que dicha ley
NO PRIVA A NADIE DE DECIDIR sobre qué hacer con su cuerpo, quiero decir que no
obliga a nadie a abortar.
Y por último, ¿es democrático obligar a una mujer a ser madre contra
su voluntad?: ‘’la peor dictadura es la que se disfraza de democracia’’ y
esta ni siquiera lo intenta.
Aborto libre y seguro para todas las
mujeres.
Águeda